Opinión

En la buena dirección

Fraude

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

01/02/2013

El fraude en España parece algo tan habitual que se confunde con el paisaje. Somos un país demasiado permisivo con el no cumplimiento de la ley. Paradójicamente, tenemos más legislaciones que ningún otro país, en cualquier tipo de materias, pero una vez hecha la ley, aparece la trampa.

Esta norma o característica tan mediterránea es consustancial al español. Y a pesar de que llevamos casi cuatro décadas de democracia, este asunto consuetudinario apenas se ha moficado. Incluso las autoridades europeas de Bruselas ponen a España como ejemplo de economía sumergida, y las cifras llegan a confirmar que supera el 20 por ciento de nuestra economía real.

En el mundo del empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, los inspectores de Trabajo podrían contar miles de anécdotas y sobre todo, sanciones ejemplares en casos desorbitados y escandalosos. Se ha criticado mucho que no se luche con fuerza contra esta lacra social, seguramente se podría hacer más, pero un sector especialmente afectado es el vinculado con las contrataciones de personas con discapacidad.

Para empezar, se incumple la obligación de contratar a un 2 por ciento de la plantilla de empresas con más de 50 trabajadores. Es cierto que aumentan las medidas alternativas y que crece la concienciación empresarial, pero hay que apoyar a un sector afectado especialmente por la crisis porque parte de una posición peor, con menor tasa de actividad y con mayor desempleo, sobre todo entre las mujeres y en el mundo rural.

Se acaba de modificar la legislación en esta materia en varias líneas. Por un lado, se adapta la terminología utilizada en la Ley a la normativa de la Convención de la ONU, la normativa comunitaria e internacional y en este sentido, se sustituye el término “minusválido” por el de “persona con discapacidad”.  Por otro, se agrava la cuantía de la sanción en caso de infracción reiterada de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de medidas alternativas de carácter excepcional.

Con esta medida, la sanción se impone en su grado máximo. Así, en lugar de situarse en la franja de 626 a 1.250 euros, deberá ser obligatoriamente cinco veces superior, y podría alcanzar los 3.126 o los 6.250 euros.

Y, finalmente, otro avance de la Ley es la garantía de mantenimiento de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de las personas con discapacidad, tanto en empresas ordinarias como en Centros Especiales de Empleo.

Decía Antonio Machado que se hace camino al andar, ojalá que estos primeros pasos sean firmes y acaben con esta discriminación que afecta a una parte vital de las personas con discapacidad: el trabajo.

José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia